Nunca me imaginé que el día en que apostillaría mi visa para un sueño, resultaría en la citación de algún fiscal con una medida de presentación para cerrarme la puerta de cualquier aeropuerto. Así de fácil es cortar tus alas.

El funcionario que me atendió tomó mis documentos y enseguida negó la cabeza.

—Señor Altuve, ¿con quién mandó a legalizar este documento? —preguntó, y sentí a la habitación cargarse de un mal presentimiento.

Mi nombre es Andrés Altuve, soy fotógrafo profesional y me dedico al fotoreportaje urbano. Puedo decir que he desarrollado un instinto para descubrir el momento exacto donde debo hacer click, tal cual como sucedió el pasado 30 de julio, 2017. Después de conocer los resultados de la elección de la asamblea nacional constituyente, supe que esa imagen presagiaba mi partida de Venezuela.

Mi hermano menor, Alejandro, comenzó a decirme como quien reza un rosario, “marico, vámonos, no perdamos más tiempo. Ni que vengan los gringos esta vaina se recompone”.

El quiebre vino después del 20 de mayo de 2018, con la “reelección” de Nicolás Maduro. Enseguida llamé a Alejandro por teléfono:

—Mira carajito, vamos a echarle bolas. Me dijiste que tenías el contacto para legalizar los documentos, ¿para cuándo tiene los papeles el fulano?

En un mes. Mientras tanto, comenzaban los trasnochos para obtener la cita de apostilla, para la que tuve que luchar contra el dragón de la burocracia electrónica venezolana. La obtuve finalmente para un martes, yo llegaba al registro faltando diez minutos para las ocho —y el proceso comenzaba a las ocho en punto.

Alcancé el puesto 144 de las 200 personas que atienden diario, y la cola se hizo corta.

Y así es como llegué al funcionario, su sacudón de cabeza y el mal presentimiento.

—Mi hermano legalizó esos papeles —dije, sabiendo que un gestor fue el cómplice de mi decisión.

—¿Cómo? ¿Su hermano es abogado? ¿Cómo se llama?

—No, no; mi hermano contrató a un abogado en Caracas —me enrredé—. Desconozco el nombre del doctor.

Él, un chamo de unos 22 años con gorra de otra institución, entrecerró los ojos estudiándome, y así le dijo a su vecina de taquilla que estaban ante otro caso de documentos forjados.

O sea, un delito. Estoy procesando papeles falsos.

—Pase por acá, señor Altuve, por favor.

Era la voz de otro funcionario, que me ubicó en una oficina con paredes altas, sin puerta, y él acomodado del otro del lado del escritorio.

—Dígame una cosa —se aclaró la garganta—, ¿quién legalizó este documento?

Insistir con la única versión que sabía. Él tomó el documento, me explicó que estaba forjado y sentenció:

—Señor Andrés, por el delito que usted está cometiendo yo debo abrir un expediente, remitirlo a fiscalía, y seguramente determinarán una medida de presentación dependiendo de la gravedad del asunto. Usted no podrá salir del país en un buen tiempo.

Las piernas me temblaban. Me sentí sinceramente atrapado, no se me ocurrían argumentos y chapear con mi cargo de periodista me podía traer incluso más problemas.

El funcionario tomó la palabra ante mi shock.

—Mire, Altuve, yo le voy a proponer un trato. Yo lo ayudo y usted nos ayuda; si usted le dona una resma de papel a la institución, yo anulo los documentos que pensaba apostillar esta mañana.

Lo escuché claramente, pero no sé cuánto tiempo me tomó digerir las palabras.

—¿Usted me propone que si yo le dono una resma de papel al registro —pregunté—, no abrirá una investigación, ni llamará a un fiscal, ni habrá régimen de presentación por papeles supuestamente falsos?

—Así es. Debe traerla hoy mismo, y antes las doce del mediodía.

Y apenas dijo “mediodía”, yo salí a buscar la fulana resma.

Llegué antes de las doce. Una resma nueva cuesta 35 millones de bolívares, precio que no sé si es mucho, normal o barato. Lo que sí sabía era que fuera el costo que fuera, aquello era una penitencia arbitraria. Así los documentos fuesen legítimos, la negativa que me presentaban implicaba realizar todo el proceso desde cero, con el potencial estigma de tener esta situación de nuevo en una oficina distinta —sin mencionar las antedichas consecuencias penales.

El funcionario tomó el paquete (que iba envuelto en la primera bolsa que encontré entre los montones de basuras), recuperó mi documento de su escritorio y arrancó de un tirón las dos hojas del delito.

—Ya te puedes ir —dijo, rayándolas con un bolígrafo—, y ya sabes: piense para la próxima que por una decisión como esta se hubiera desgraciado la vida.

Ya pasaron cinco días de ese incidente. Si cuento las veces en que me he visto inmerso en actos de corrupción producto del funcionamiento del Estado, la primera fue cuando pagué para adquirir mi licencia de conducir, una cosa normal entre los venezolanos cuando cumplimos mayoría de edad. ¿Por qué? Aunque no lo admitamos, en nuestra sangre ya está ese deseo de hacer las cosas rápido, sin medir las consecuencias.

En esta ocasión pude contarla, ¿pero y si me hubiese negado, o no hubiese podido? Esa fue la fotografía que vi cuando salí del registro principal. Mi familia me apoyó con un gran suspiro, pero mi hermano se cagó de la risa.

—Pendejo, te toca hacerlo de nuevo conmigo —dijo.