Hola, @lirvic. Puedo entender que has observado a distancia un intento de desalojo dentro de un urbanismo, por lo que presumo que se trata de un inmueble con fin residencial; el hecho de que se haya prolongado durante tanta hora la situación hace presumir que se trata de un acto forzoso; es decir, no ha sido resuelto mediante una conciliación en un órgano administrativo con competencia en la materia como es la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, más conocida como SUNAVI.

El proceso de desalojo de vivienda se encuentra regulado por la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda (2011) y debe cumplirse ciertos requisitos administrativos que en la mayoría de los casos resulta frustrante para el arrendador (dueño o propietario) porque el legislador sancionó la ley con consideración extrema de protección hacia el arrendatario (inquilino) y aunque la situación de impago de hasta 4 meses de canon de arrendamiento sin causa justificada sea una de ella; el proceso no deja de ser lento, tedioso y hasta podría considerarse de cierta manera una pérdida de tiempo, porque si la parte denunciada comparece ante el despacho y no se logra la conciliación, el afectado debe acudir al recurso judicial cuyo camino son los tribunales civiles y esto supone la contratación de un profesional del derecho al que debe cancelar honorarios.

Siendo las cosas así, el sendero legal termina siendo un calvario al que muchos prefieren evitar. Porque un proceso civil puede durar meses y hasta años para que se emita una sentencia definitiva y firme. Tuve amistades que alquilaron su inmueble y pasaron por la terrible experiencia de encontrarse con inquilinos que bien, dejaron de pagar y no quisieron entregar el inmueble; ocasionando un conflicto que duraron años no se resolvió, propietarios que enfermaron, cayeron en fuerte cuadro depresivo y se fueron a la tumba sin poder sacar inquilinos en situación de impago de su propiedad.

De tal manera, que si la fuerza pública se apersonó en el sitio ha debido ser para garantizar que se ejecute la sentencia del tribunal o para impedir la consumación de lo que la ley denomina como delito de desalojo arbitrario. Porque lamentablemente si un propietario decide usar la fuerza pública o privada para realizar el cambio de cerradura, sacar muebles y enseres a la calle, y por consiguiente las personas, comete un hecho punible ante la letra del legislador y se apertura un proceso judicial en su contra.

Para bien de las partes, espero que haya habido un acuerdo conciliatorio para evitar controversia futura.

Excelente experiencia la que ha narrado tu diario. Agradecida por compartirlo en la comunidad.