Las residencias se plantan ante los planes de la Comunidad de Madrid
El conflicto de la dependencia en Madrid: Las entidades sociales impugnan el nuevo decreto de Ayuso
La estructura de atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid atraviesa un momento de alta tensión institucional. El reciente decreto impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, presentado bajo la premisa de simplificar la administración y aumentar las prestaciones, ha encontrado una resistencia frontal en el sector. Entidades sociales y plataformas de defensa de los mayores han presentado alegaciones formales, advirtiendo que la nueva normativa esconde un aumento de la opacidad administrativa y un riesgo real de desprotección para los ciudadanos más vulnerables.
Para la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), el texto no solo no soluciona las demoras crónicas en el reconocimiento de grados de dependencia, sino que institucionaliza la desatención a través de mecanismos legales como el silencio administrativo. En un entorno donde la gestión de las residencias de ancianos ya está sometida a un intenso escrutinio público, esta reforma se percibe como un alejamiento de la atención centrada en la persona en favor de un modelo de gestión meramente cuantitativo.
La institucionalización del silencio administrativo negativo
Uno de los pilares del descontento radica en el artículo 25.3 del decreto, que establece que cualquier solicitud no resuelta en un plazo de seis meses se considerará desestimada. Esta figura, conocida como silencio administrativo negativo, es vista por los expertos jurídicos como una anomalía en un sistema de derechos sociales. Al aplicar esta norma, el Ejecutivo regional descarga sobre el ciudadano las consecuencias de sus propias demoras operativas.
Actualmente, los plazos en la Comunidad de Madrid distan mucho de la agilidad que pretende el nuevo texto; el tiempo medio para resolver una prestación de dependencia ronda el año completo. Por tanto, establecer una desestimación automática a los seis meses condena a miles de mayores a un "limbo" jurídico. En lugar de obligar a la Administración a cumplir sus plazos, el decreto penaliza al solicitante, quien deberá reiniciar el proceso o acudir a la vía judicial para reclamar un derecho que ya le corresponde por ley.
El derecho a la convivencia: La polémica de las parejas
El nuevo marco normativo introduce una disposición que afecta directamente a la estructura afectiva de los mayores. Según el artículo 46.2, en el caso de que una pareja desee ingresar conjuntamente en un centro, se aplicará el grado de dependencia a ambos por igual. Esto genera una situación de indefensión cuando uno de los miembros tiene una dependencia severa y el otro mantiene cierta autonomía o un grado inferior.
Desde Pladigmare califican esta medida de "inhumana", ya que en la práctica impide que los matrimonios o parejas de hecho compartan su estancia residencial bajo la protección del sistema público. Al vincular el acceso de uno al estado del otro, el decreto fuerza a las familias a tomar decisiones dolorosas: separar a la pareja para asegurar la atención del más grave o renunciar a la plaza pública. Esta regulación ignora la evidencia científica que subraya cómo el apoyo emocional del cónyuge mejora la salud y la longevidad del paciente dependiente.
Agilización de prestaciones y el Programa Individual de Atención
Otro frente de batalla se sitúa en la gestión de la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS). Los colectivos de residencias reclaman que las ayudas para residencias se otorguen de forma automática y transitoria dentro del Programa Individual de Atención (PIA). La intención es eliminar los cuellos de botella burocráticos que obligan a las familias a esperar meses por una ayuda económica mientras ya están costeando una plaza privada ante la falta de recursos públicos.
La duplicidad de trámites y la lentitud en la actualización del PIA se traducen en una vulnerabilidad económica extrema para los dependientes con menos recursos. Las entidades sociales insisten en que la administración debe ser proactiva: si el sistema no puede ofrecer una plaza pública de forma inmediata, la ayuda económica vinculada debería activarse de oficio para garantizar que la persona recibe los cuidados necesarios sin arruinar la economía familiar en el proceso.
Indicadores económicos: La necesaria actualización del IPREM
El decreto de la Comunidad de Madrid sigue utilizando el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como referencia para determinar la capacidad económica de los usuarios y el cálculo de las subvenciones. Pladigmare y otras organizaciones exigen la sustitución de este índice por el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El argumento principal es que el IMV es un indicador mucho más actualizado y sensible a la realidad de la inflación y el coste de vida en 2026.
Mantener el IPREM como base de cálculo provoca que muchas personas con pensiones mínimas sean consideradas "solventes" para costear parte de su plaza, cuando en realidad sus ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas tras el copago. Asimismo, se critica la falta de transparencia en el articulado referente a las ausencias temporales por hospitalización o vacaciones, un punto confuso que genera dudas sobre si el residente debe seguir pagando la totalidad de la plaza o si la Administración suspende su aportación en esos periodos.
Conclusión: El desafío de una atención digna en Madrid
La tramitación de este nuevo decreto de dependencia pone de manifiesto que la teoría de "reducir trámites" que defiende el Gobierno regional no coincide con la experiencia de los usuarios y profesionales del sector. Las alegaciones presentadas por las residencias y las plataformas de mayores son un recordatorio de que la dependencia es un pilar del Estado del Bienestar que no admite atajos administrativos. Una normativa que facilita el rechazo de solicitudes por silencio y que dificulta la convivencia de las parejas no puede considerarse un avance en derechos sociales. Madrid se enfrenta al reto de rectificar un texto que, de aprobarse en sus términos actuales, supondría una carga injusta para las familias y un retroceso en la humanización de la asistencia a nuestros mayores.
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